La asamblea avaló el dictamen en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.
De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración.
La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.
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